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Alianza por la Salud Alimentaria presenta proyecto intersecretarial en contra del sobrepeso y la obesidad

Ante el creciente problema de obesidad y sobrepeso que atraviesa México, un grupo de organizaciones civiles y ciudadanos crearon una propuesta de política integral para combatirlo, basado en acciones de prevención y orientación así como en estrategias de regulación sanitaria y programas fiscales que permitan un verdadero cambio en los hábitos alimenticios.

En 2016, la obesidad y la diabetes fueron catalogadas como epidemias por la Secretaría de Salud, luego de que afectaran al 33% de la población infantil y al 72.5% de la población adulta, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, colocando al país entre los niveles más altos a nivel mundial.

Desde ese año, enfermedades cardiovasculares y la diabetes, atribuibles al sobrepeso y la obesidad, se convirtieron en la primera causa de muerte en México, registrando el 39.2% de la mortalidad en el país. De continuar esta tendencia, se estima que uno de cada dos niños mexicanos nacidos a partir del 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.

Ante esta situación y tras 20 años de trabajo en el tema, la Alianza por la Salud Alimentaria, por medio del programa Actúa por la Salud, presentó el documento ‘Propuestas para una Política Integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en México’. El plan se basa en dos ejes: educación y promoción de la salud, y la regulación sanitaria y entornos saludables.

“En México, el problema de la obesidad se ha tomado de manera muy silenciosa y sin la seriedad adecuada tras ser declarada una epidemia nacional; por ello buscamos que esta propuesta se analice seriamente y puedan crearse las entidades que lo administren, para no seguir operando solo con acciones como una estrategia”, comentó en entrevista Lorena Ordaz, directora en México de The Hunger Project (organización comprometida con el fin sostenible del hambre) e integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria.

La propuesta de política integral tiene la finalidad de combatir, de manera intersecretarial, a la epidemia del sobrepeso y la obesidad.

En octubre del 2013, la administración federal, por medio de la Secretaría de Salud (SS), puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD), sin embargo, argumenta Lorena, al no ser más que una estrategia sus acciones no tuvieron los resultados esperados.

En ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) inició la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual tenía el objetivo de erradicar la desnutrición de las comunidades más necesitadas del país.

Ordaz destaca estas acciones emprendidas por el gobierno federal, pero afirma que no funcionaron como se esperaba pues atacaron los problemas de manera muy superficial.

Aunque en la ENSOD se introdujeron regulaciones en materia de publicidad de alimentos y bebidas, así como la restricción de la venta de comida ‘chatarra’ en escuelas, además de medidas fiscales, la estrategia “fue incapaz de enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes debido a que, desde su origen, esta política fue capturada por la gran industria de alimentos y bebidas”, plantea la Alianza por la Salud Alimentaria.

“Buscamos que la Sagarpa, la Secretaría de Salud y la Sedesol adopten nuestra propuesta para que trabajen de manera intersecretarial. Si no tomamos medidas más determinantes para limitar la disponibilidad de este tipo de alimentos baratos y no nutritivos, no podremos acabar con la obesidad”, afirma la experta.

En qué consiste la Política Integral

El primer paso de la política integral para atacar el problema es la creación de una Ley General Contra el Sobrepeso y la Obesidad, que partiría de un programa especial que derive en una política integral.

La Alianza por la Salud Alimentaria plantea en su documento que la ley que proponen garantizará la prevención y el control de ambos males. “La Ley General establecerá objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores. Fijará las obligaciones específicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y gobiernos estatales en relación con la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes”, se lee en el documento.

Además, garantizará la asignación de recursos suficientes para cumplir los objetivos. Contará con órganos de planeación para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Éstos serían los grupos de trabajo que la conformarían:

  • Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad.
  • Consejo Consultivo de la Secretaría de Salud para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad.
  • Comité Científico Intersectorial, formado por expertos independientes, libres de conflicto de interés, elegidos mediante un proceso público y transparente que incluya representantes de los institutos de nutrición y salud pública, de la academia nacional de medicina, así como representantes de la sociedad civil.

Además, crearían un Fondo para la Implementación de las Acciones del Programa, mediante los recursos anuales que asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones de otros fondos públicos, contribuciones que se prevean en las leyes correspondientes, aportaciones de gobiernos de otros países y organismos internacionales, y los recursos recaudados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las bebidas saborizadas con azúcares añadidos.

Elementos de la Política Integral

Para su debida aplicación, la Ley General para la Prevención del Sobrepeso y Obesidad abarcará los siguientes rubros:

  • Educación y promoción de la salud. Contempla la realización de campañas nacionales de prevención y orientación alimentaria en medios de comunicación, escuelas y trabajos, para informar a los ciudadanos sobre cómo prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad.
  • Regulación sanitaria y entornos saludables. Se crearán impuestos como subsidios para desincentivar el consumo de alimentos y bebidas que no favorezcan la salud y así facilitar el acceso a alimentos nutritivos. Entre estas medidas, se propone un incremento al impuesto en refrescos y bebidas azucaradas para disminuir el consumo.
  • Habrá subsidios a frutas, verduras y alimentos de alto valor nutricional, especialmente en zonas marginadas con acceso limitado a estos alimentos.
  • Sistema de etiquetado frontal en alimentos y bebidas. Este servirá para que los consumidores tomen elecciones más saludables identificando los productos con alto contenido de azúcares, sodio, grasas y calorías.
  • Regulación de publicidad de alimentos y bebidas no saludables para los niños. Una regulación efectiva en todos los medios a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes. Esta deberá cubrir el horario de 06:00 a 22:00 horas, garantizando la protección de los niños. Debe ampliarse a internet, videojuegos, redes sociales y celulares.
  • Se limitará el uso de técnicas de mercadotecnia, como personajes ficticios, animados, celebridades y las promociones con regalos o juguetes.
  • Fortalecimiento del ambiente escolar saludable. Se regulará la oferta de alimentos y bebidas no saludables. Se dará capacitación sobre los lineamientos, dirigido a directores, maestros y padres de familia. También se fomentará el consumo de verduras, frutas y alimentos locales. Todo esto con un mecanismo de vigilancia, que será encabezado por el director de cada escuela.
  • Acceso gratuito a agua potable en escuelas y espacios públicos. Se establecerán en los edificios y espacios públicos bebederos que provean agua de calidad para los ciudadanos.
  • Promoción de la activación física. En las escuelas se impulsará la práctica del deporte en todos los niveles y tipos, orientando a los padres para que sus hijos adquieran el hábito de hacerlo.
  • Promoción de la lactancia materna. En la que se deberá evitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra-procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sodio.
  • Política agrícola. Se apoyará a la generación local de alimentos y de los pequeños productores. Las y los productores de pequeña escala carecen de programas, asistencia técnica, financiamiento, recursos y acceso a mercados justos para la producción de su autoconsumo y acercar sus alimentos nutritivos a los consumidores.

Qué hace falta para que se implemente la Ley

En palabras de Lorena Ordaz, lo único que se necesita para que la iniciativa de ley sea aceptada y se ponga en práctica es el apoyo e interés del gobierno federal.

“Necesitamos mucha voluntad política en los dos poderes (legisladores y senadores) para que esto pueda ejercerse. Falta que haya esas ganas de reinventar o reforzar los programas que ya existen. Pero depende del Senado y del presupuesto que otorguen pero ellos, algunas veces no están dispuestos a dar esos pasos. No se le da la prioridad al tema de la obesidad”, comentó.

Lorena señala que a 7 años de haberse involucrado en el proyecto, se sienten listos para presentarlo a la administración que tome el poder el próximo sexenio.

“Durante años nos hemos acercado al sector político y aunque les ha interesado la iniciativa, el trabajo se viene abajo cuando hay cambio de administración”.

Por tal motivo, comenta Lorena, el plan actual es acercarse a los partidos políticos y a sus candidatos presidenciales para que adopten la Ley General Contra el Sobrepeso y la Obesidad y la presenten dentro de sus propuestas de campaña.

“Hay quienes han mencionado combatir la obesidad pero no han dicho cómo, queremos presentarles la propuesta y saber qué han pensado sobre el tema, ya después haremos un trabajo mucho más detallado y técnico”, asegura.

Acepta que si los ciudadanos se concientizaran sobre sus hábitos alimenticios, no habría necesidad de implementar leyes o políticas que restrinjan ciertos productos; pero ante el crecimiento de la industria alimentaria y la mercadotecnia, son necesarias este tipo de prácticas para cuidar de la salud pública.

“Para que se logre una concientización del tema, los medios masivos son de gran ayuda a través de la difusión. También campañas publicitarias como la de los cigarros con la probabilidad de contraer cáncer, son de gran ayuda, ya que el consumidor no toma conciencia del daño que le puede traer el producto, pero será su decisión consumirlo o no”.

Sin embargo, Lorena considera que el fondo del problema está en la educación, por lo que es fundamental que los niños aprendan desde casa cuáles son los mejores hábitos alimenticios para su salud.

“Hay que entender qué es lo que nos llevamos a la boca y saber que entre más nutrida esté la tierra, más nutrientes tendrá la gente. Entender que entre más nutritivo sea mi alimentación mayor será mi calidad de vida”, finalizó.

En las próximas semanas, los integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria se reunirán con los cinco candidatos presidenciales y aspirantes a diputaciones para presentar el proyecto, en espera de que sea adoptado e implementado por la siguiente administración federal.

Para conocer el documento completo, favor de visitar el sitio web: http://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf.

Fuente: Animal Político

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